El pacto fiscal

El proyecto estrella del Govern de la Generalitat y, quizá más específicamente de su Presidente, es el denominado "pacto fiscal". Y escribo "el denominado pacto fiscal" porque todavía no sabemos en qué ha de consistir. Sólo sabemos que ha de ser equivalente al concierto económico del País Vasco y que debe constituir un acuerdo pactado bilateralmente entre el Estado y la Generalitat.

Creo que hay dos preguntas fundamentales, que podemos intentar responder en este momento: si el pacto fiscal es posible, y si es beneficioso. Naturalmente, no podemos responderlas de acuerdo con el contenido de un pacto que no existe ni ha sido propuesto, por lo que lo haremos tomando como referencia el citado concierto.

El concierto económico que rige en el País Vasco, al igual que el convenio económico de Navarra presenta tres características fundamentales:

- La Comunidad o las Diputaciones tienen una amplia capacidad normativa. Pueden aprobar y modificar las leyes que rigen sus propios tributos (con alguna excepción, como el IVA) , si bien estas leyes tienen que estar armonizadas con las estatales.

- Las Diputaciones vascas hacen suya la totalidad de la recaudación impositiva generada en sus respectivos territorios (hay excepciones, como los Impuestos sobre el tráfico exterior). Satisfacen al Estado una cantidad, denominada "cupo" en el País Vasco y "aportación" en Navarra, en contraprestación de los servicios públicos no transferidos (que sigue prestando el Estado) y en concepto de aportación al Fondo Interterritorial de solidaridad.

-Las instituciones forales se hacen cargo de la gestión, inspección, liquidación y recaudación de los tributos y de la revisión de los actos dictados en el desarrollo de estas funciones (también con ciertos matices).

La primera de estas características supone que las Comunidades forales tienen sus propios sistemas fiscales, distintos del estatal, aunque coordinados con él. Puesto que el artículo 31.1 de la Constitución dispone que Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad ecónómica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio, la existencia de estos sistemas fiscales sólo es compatible con el texto constitucional en virtud de lo establecido en la disposición adicional primera, según la cual La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

Parece excesivamente forzado afirmar que Cataluña es, a estos efectos, un territorio foral, por lo que es poco probable que esta excepción pueda ser ampliada para dar cobertura constitucional a un sistema fiscal catalán diferenciado del estatal. No obstante, todas las Comunidades Autónomas de régimen común disponen de una capacidad normativa en materia fiscal que se extiende a los tributos de titularidad estatal, por lo que, si bien no es factible un concierto en sentido propio, sí lo es atribuir a la Generalitat una amplia capacidad normativa en materia fiscal.

La segunda característica constituye el núcleo esencial del sistema de concierto. La Comunidad (en rigor, en el País Vasco, las Diputaciones forales) hacen suya la recaudación íntegra de los tributos en su territorio, una vez satisfecho el importe del cupo. Los partidarios del concierto dan por sentado que esta característica ha de suponer un incremento de los recursos financieros que quedan en manos de las instituciones catalanas.

Esta conclusión debe ser examinada con detenimiento. El incremento de los recursos tributarios que han de quedar en manos de la Generalitat puede venir, en la hipótesis de aplicar un régimen similar al concierto en Cataluña, de dos orígenes:

- Un aumento de la capacidad recaudatoria del sistema, como consecuencia del ejercicio de las facultades normativas y de gestión que pasarían a la Generalitat. No se puede descartar, pero tampoco puede darse por sentado. Sobre todo, por cuanto la gestión del sistema tributario corresponderá a las mismas personas que la desarrollan hoy en día, dada la dificultad que supondría la creación ex novo de una Administración tributaria y, en cuanto a la normativa, por el temor a ahuyentar contribuyentes como consecuencia de una mayor presión fiscal.

- Que el el importe a satisfacer al Estado en contrapartida de los servicios no transferidos y de la aportación a la solidaridad resulte inferior al importe que en el sistema actual el Estado retiene. Dicho en otros términos, que la fórmula de determinación del cupo sea tan favorable a la Generalitat como lo es a las instituciones vascas.

El cupo se determina (al igual que la aportación navarra) mediante un sistema pactado entre el Estado y las  instituciones forales, cuya vigencia es de cinco años. Ello significa que cada cinco años es precisa una negociación de la que resultarán las cantidades (o proporciones) que han de ir destinadas al Estado y las que han de permanecer en manos de las Diputaciones.

En este aspecto, el sistema no es tan diferente del actual: poco importa quién se encargue de la recaudación, si el producto es el mismo y el criterio de reparto no varía. En una sociedad con dos socios que participan respectivamente, por ejemplo, en el 60% y el 40%, tanto da que cobre el primero y entregue al segundo su parte o viceversa; lo que cuenta es el volumen total y las proporciones respectivas.

En consecuencia, el resultado de aplicar el régimen de concierto dependerá de la forma de calcular el cupo, de la forma de expresarlo y de la evolución de la economía. Si el cupo se fija en unidades monetarias, es inferior a la parte de la recaudación tributaria en Cataluña que el Estado retiene y el PIB catalán se mantiene, los recursos financieros de la Generalitat aumentarán. Si es igual o superior a la cantidad que ahora queda para el Estado, con un PIB similar, se mantendrá o disminuirá. Si el PIB queda por debajo del previsto al pactar el método de cálculo, los recursos de la Generalitat se reducirán. En cualquier caso, las instituciones catalanas no pueden garantizar un crecimiento positivo de la economía, pero tampoco que el resultado de la negociación arroje un resultado favorable a la Comunidad, por lo que considerar el concierto beneficioso en sí mismo constituye una falsedad.

Esta característica del concierto no choca con ningún obstáculo insuperable. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas puede modificarse para establecer un sistema de cupo. El único problema es que tendrá que ser aprobado por las Cortes Generales y ser aplicable a todas las Comunidades, salvo que se encuentre algún argumento que justifique limitarlo a Cataluña sin violar el principio de igualdad.

Ya nos hemos referido al tercer elemento del concierto: la gestión tributaria, que corre a cargo de la Administración autonómica, no de la estatal. Tampoco aquí se puede garantizar una mejora, especialmente por cuanto la Generalitat no dispone de efectivos suficientes para asumir la función sin que se le trasnfieran los recursos humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la Comunidad, con sus virtudes y sus defectos.

Tanto la LOFCA, antes citada, como el Estatuto de Autonomía de Cataluña prevén la delegación de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos a la Comunidad, por lo que este elemento tampoco presenta problemas de constitucionalidad.

Pero el régimen de concierto o convenio, tal como ahora existen en el País Vasco y Navarra, supone una serie de consecuencias negativas, tanto para la Administración tributaria como para los contribuyentes:

- Las empresas que actúan en todo el territorio español han de presentar, cada trimestre o cada mes, por determinados conceptos tributarios, una declaración a cada una de las Administraciones tributarias: el Estado, las Diputaciones forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia y la Hacienda tributaria navarra. Una nueva declaración, a presentar a la Agencia Tributaria de Cataluña sería ya la sexta (no digamos si otras Comunidades obtienen la gestión de los tributos ahora estatales).

- La complejidad que supone la presentación de esta pluralidad de declaraciones se ve incrementada al existir plazos y modelos diferentes para cada Administración.

- La existencia de diversas normativas supone también un incremento del coste del cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas, que deben determinar cual de ellas es aplicable en cada concepto y en qué medida.

- Si cada Administración tributaria tiene su propia base de datos, a la que no tienen acceso las restantes, salvo de forma restringida, se crean zonas de sombra, que pueden ser aprovechadas para la defraudación y, en cualquier caso, generan procedimientos administrativos inútiles que causan molestias y suponen un evidente coste.

En definitiva, la adopción de un sistema similar al concierto económico en Cataluña ha de suponer un incremento de las cargas fiscales de las empresas y una mayor dificultad para la correcta aplicación de la normativa tributaria, así como un mayor coste, por la pérdida de sinergias y economías de escala. Por otra parte, si puede suponer una mejora de la financiación de la Generalitat, ello depende del resultado de una negociación que, además, se ha de renovar periódicamente, bajo diferentes correlaciones de fuerzas.

Eso sí, desde un punto de vista político, la petición del pacto fiscal sólo ofrece ventajas para el partido en el gobierno en Cataluña. Si se consigue el pacto, sea o no positivo, se presentará como una gran victoria. Sí además representa una mejora en la financiación, otorgará más recursos a las instituciones catalanas. Y si no se logra, el aprovechamiento político del victimismo a corto plazo y el crecimiento del apoyo a la independencia, evidente propósito último del nacionalismo, no dejarán de ser réditos políticos para los nacionalistas.

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20111028/54236550721/hace-mas-de-cien-anos.html

Fiscalidad de los trabajadores

En "La Vanguardia" de ayer, domingo 14 de agosto, Antonio Durán-Sindreu publica una Tribuna bajo el título "Fiscalidad y trabajo". En ella afirma que Si el trabajo es la fuente originaria de creación de riqueza, es un contrasentido que sea, a su vez, la que más fiscalidad soporta. Afirma, en consecuencia, que es necesario aligerar la fiscalidad sobre el trabajo y, considerando la Seguridad Social como un impuesto, propone reducir el coste que supone para las empresas. Y, para contrarrestar el consiguiente descenso de la recaudación, propone incrementar el IVA y los Impuestos Especiales.

La Seguridad Social protege al trabajador frente a contingencias presentes, como la enfermedad, y futuras, como la jubilación, que implican una disminúción o desaparición de los ingresos procedentes del trabajo y un aumento de las necesidades. En consecuencia, si las cuotas de la Seguridad Social se pueden calificar como un impuesto, ya que son exigidas coactivamente por el Estado, también pueden ser presentadas como una retribución, en parte en especie y, en parte, diferida, del trabajo.

La propuesta del Sr. Durán-Sindreu supone reducir la retribución que percibe el trabajador del empresario, ya que éste dejará de satisfacer esas cuotas o pagará un importe inferior. La diferencia para mantener las prestaciones del sistema deberá ser aportada por el Estado, con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos.

Pero este incremento del gasto público exige, como reconoce expresamente el Sr. Durán-Sindreu, un aumento de la recaudación impositiva. Pero no a través de los impuestos directos y, en particular, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la figura con más capacidad redistributiva, sino a través de los impuestos sobre el consumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales, impuestos que tienen un carácter claramente regresivo.

¿Qué significa este carácter regresivo? Sencillamente, que recaen en mayor medida sobre las personas con menor capacidad económica. En un ejemplo simplificado: imaginemos una persona o familia que obtiene una renta de 100 unidades, que cubren exactamente sus necesidades (no puede ahorrar); paga en concepto de IVA el 18% de esa renta. Imaginemos ahora otra persona o familia idéntica, pero que percibe una renta de 1.000 unidades. Podría vivir con 100 unidades y ahorrar 900. En este caso límite (y totalmente hipotético, claro está), pagaría el 1,8% de su renta en concepto de IVA. Cuanto mayor es el ahorro efectivo, que depende en parte de la capacidad de ahorro, es decir, de la renta, menor es la proporción de esa renta satisfecha en concepto de impuesto sobre el consumo.

La conclusión es evidente: el Sr. Durán-Sindreu propone reducir los costes de las empresas trasladándolos a los trabajadores, haciendo que la financiación de la Seguridad Social pase a ser soportada en mayor medida por éstos. Como los empresarios seguirán apropiándose de los beneficios de sus empresas, que habrían de ser mayores con la disminución de los costes y no se verían mermados por la imposición directa sino en la misma medida que ahora (o, incluso en menor medida, si se reducen el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF), el conjunto supone una traslación de renta a favor de los que más tienen.

Por ello, en nuestra opinión, si resulta preciso favorecer la creación de empresas mediante incentivos fiscales, éstos han de tener un carácter claramente temporal, de manera que, una vez superada la crisis, las clases populares resulten compensadas mediante un incremento de su participación en el Producto Interior Bruto, fundamentalmente mediante un incremento de la imposición directa sobre las rentas más altas.

Los empresarios

Hoy, domingo 7 de agosto, "La Vanguardia" publica una Tribuna del presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montell`, bajo el título "Tiempos revueltos". En ella, el Sr. Gay da consejos a las Administraciones públicas acerca de lo que deben hacer ante la durísima situación de le economía española. La verdad es que su lectura me ha dejado mal sabor de boca.

Es muy cierto que los políticos han respondido tarde y mal a la crisis, sobre todo el Gobierno de España. José Luis Rodríguez Zapatero, pero también los restantes mandatarios de nuestro país no se han preocupado sino de conservar o mejorar sus expectativas electorales, utilizando para ello los poderes que les hemos confiado y los fondos que les hemos entregado para usar en beneficio de los ciudadanos. Pero, ¿qué hay de los empresarios?

No he visto que en ningún momento las instituciones representativas de los empresarios hayan hecho autocrítica, reconociendo su participación en la génesis de la crisis económica y su parte de culpa en que sigamos hundidos en ella, sin salir a flote, a diferencia de otros países.

¿Acaso el excesivo peso de la construcción en la economía española no se debió a que los empresarios desdeñaron otros sectores, más difíciles, sin duda, para lanzarse en masa a invertir en el ladrillo, en busca de pelotazos fáciles e inmediatos, sin preocuparse del futuro?

¿No tienen nada que ver los empresarios, que pagaban sueldos altos a trabajadores sin formación en detrimento de los más cualificados, con la penosa situación de la educación?

¿Olvidamos que en todo caso de corrupción, por definición, concurren un cargo público, frecuentemente uno o más intermediarios y un empresario?

¿Creemos realmente que los bancos son entes impersonales, casi entelequias, en lugar de empresas especializadas en negociar con dinero ajeno, regidas por los correspondientes empresarios? y, por consiguiente, ¿no serán estos empresarios responsables de la crisis, en cuanto asumieron un riesgo excesivo y demasiado concentrado? Y, ¿no son también responsables de la falta de crédito para la reactivación de la economía, al mantener una cartera inmobiliaria inactiva, para evitar reconocer las pérdidas que ellos mismos provocaron?

Los empresarios reclaman a las Administraciones públicas que asuman las pérdidas que su irresponsable política generó, repartiéndolas entre los contribuyentes, y que creen las condiciones precisas para que ellos, sin riesgo o con un riesgo moderado, vuelvan a ganar dinero. Esperan que el Estado actúe como locomotora de la economía, para ponerse luego a rebufo y atribuirse todo el mérito. Y, además, querrán volver a las andadas, a ganar dinero con los pelotazos inmobiliarios y el ladrillo.

Eso sí, hay excepciones. Empresarios que han apostado por crear valor, ya sea mediante el empleo de las nuevas tecnologías o, simplemente, cuidar la calidad en bienes y servicios tradicionales. Que no buscan el pelotazo, sino la satisfacción de necesidades que, quizá, no han sido advertidas o eran cubiertas de formas menos adecuadas. A ellos les necesitamos. Desgraciadamente, por lo que se ve,son una minoría.

David Madí

El conocido político nacionalista, David Madí, que abandonó la política activa una vez CiU hubo ganado las elecciones para pasar a la actividad privada, ha sido designado presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña.

Desde otras posiciones políticas se ha relacionado este nombramiento con un contencioso que enfrenta a Endesa con la Generalitat, que ha de imponer a la empresa una sanción económica que podría ser millonaria.

De igual manera, se ha señalado que la consultora Deloitte ha contratado al Sr. Madí como consultor a tiempo parcial. Precisamente Deloitte, que tiene que auditar las cuentas de entidades dependientes de la Generalitat en virtud de un sustancioso contrato.

Por supuesto, estas circunstancias son sospechosas. La sombra de una transacción ilegal y no declarada planea sobre estos nombramientos. Pero hay algo más.

Sin duda, el Sr. Madí es una persona muy inteligente, trabajadora y con una experiencia importante en materia de campañas electorales y marketing político. Pero, estos activos ¿justifican su nombramiento como asesor de una compañía energética? ¿Qué sabe D. David Madí del mercado energético, de las circunstancias en que se desarrolla el trabajo de una compañía de electricidad? O, ¿para qué quiere Endesa un experto en la planificación y dirección de campañas electorales? ¿qué parte del negocio de Deloitte se refiere al asesoramiento electoral?

Evidentemente, estas preguntas son retóricas. Lo que ofrece el Sr. Madí, lo que compran Endesa y Deloitte es su agenda de contactos y, muy especialmente, su vinculación al Presidente de la Generalitat, que le da fácil acceso y, se supone, influencia.

Y, por supuesto, estos activos sólo pueden servir para una cosa: para que quien los ha adquirido se sitúe en una posición de privilegio respecto de sus competidores, para que disponga de una ventaja que no procede de la excelencia de los bienes y servicios que aporta al mercado.

Esta es, en definitiva, la esencia de la corrupción: influir en una decisión mediante argumentos que no son los que el encargado de adoptarla debería tomar en cuenta. Unas veces cae en el campo del derecho penal; otras, fuera. Pero siempre perjudica a quienes pagan, aquéllos cuyo interés debería prevalecer.

Y, lo que es peor, el caso que comentamos es solo uno más. Es tan corriente que un político prominente se incorpore a cargos bien remunerados en la empresa privada que la sociedad lo considera normal y, sobre todo, que pone de manifiesto que resulta beneficioso: para la empresa y para el político. ¿Los ciudadanos?¿A quién le importan los ciudadanos?

Amenazas contra la realidad

El Presidente de la Generalitat, en su primer mensaje de fin de año, ha urgido a los ciudadanos a reaccionar contra las amenazas contra nuestra realidad nacional, según informa "La Vanguardia".

Quizá no resulte fácil definir la realidad. Creo que podemos estar de acuerdo en que esta palabra refleja lo que verdaderamente es, o existe, con independencia de que podamos, queramos o sepamos verlo, como consecuencia de nuestros deseos, fantasías, prejuicios, parcialidades, opiniones preconcebidas y otros obstáculos que nublan nuestra visión subjetiva.

Si esta aproximación es correcta, la realidad debe ser ligada a un momento determinado. En ese momento, la realidad es fija: es lo que aparece en la foto obtenida en ese momento. Pero en cualquier otro momento, la realidad será distinta de la correspondiente al momento anterior y de la que existirá en el siguiente, sencillamente porque el universo está en permanente cambio.

Amenazar la realidad, por consiguiente, sólo tiene sentido si nos referimos a una realidad futura: no podemos cambiar el pasado (sólo el relato del pasado) ni tampoco el presente. La foto refleja nuestra posición en el momento en que se obtiene y sólo nos permite prepararnos para ese momento, o lamentar no haber estado prevenidos.

¿Qué quiere decir el Sr. Mas? Sin duda que debemos reaccionar contra aquéllo que puede provocar que el futuro no sea conforme a sus deseos. Si Cataluña es hoy una nación, o lo ha sido históricamente, ya no es posible cambiarlo. De hecho, la realidad futura será también inmutable cuando llegue, por el concepto mismo de realidad, por lo que sólo tiene sentido hablar de deseos o previsiones.

Aquí está, por tanto, la trampa del nacionalismo: trata de convencernos de que los deseos de los nacionalistas son la realidad, de forma que creamos que no existe la opción. No es posible oponerse a la realidad, sólo podemos tratar de hacer que la realidad de un momento futuro (o de todos los momentos futuros) sea distinta de la realidad de este momento en uno o varios aspectos. Hacer que la realidad de un momento futuro coincida con nuestros deseos actuales.

Por tanto, el Presidente de la Generalitat nos está exhortando a oponernos a aquellos factores que pueden conducir a que, en el futuro, Cataluña no sea una nación, como él y quienes comparten sus creencias y sentimientos desean.

El engaño quizá presente así un nuevo matiz: al equiparar sus deseos con la realidad, el Sr. Mas se siente legitimado para dar a tales deseos un alcance universal. Que en el futuro Cataluña constituya una nación es un deseo que comparten diversas opciones políticas, pero no tiene porqué ser compartido por todos. Su mensaje, en lugar de institucional, como procedería en las circunstancias en que lo emite, es partidista.

Pues no. Cataluña, en cada momento, será lo que quienes aquí vivimos y trabajamos, hagamos. No existe un determinismo histórico que nos vete ciertas alternativas o nos imponga otras; sólo circunstancias que nos pueden hacer unas opciones más difíciles que otras. Podemos elegir libremente los objetivos y trabajar para conseguirlos, así como modularlos o cambiarlos en todo momento. Precisamente, porque no son realidad.

Nación en construcción

El nuevo Presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su toma de posesión, afirmó, según recoge "La Vanguardia" en su edición en papel (no así en la digital) No me siento resistente, tampoco liberador, me siento constructor de la nación catalana.

Además de definir (por si era preciso) su objetivo fundamental (aunque, por lo que él mismo señaló, no su primera prioridad, afortunadamente) esta expresión que, repito, "La Vanguardia" entrecomilla como cita textual, nos revela algo esencial sobre el nacionalismo y los nacionalistas.

Si la nación catalana ha de ser construida, es que todavía no existe o, al menos, no está completa. Si ya estuviese construida, no sería preciso construirla, en todo caso ampliarla o reformarla (ya sé que ésto podría firmarlo el famoso Perogrullo, pero seguro que ningún medio repara en ello...o quizás no quieren advertirlo).

¿En qué consiste la construcción de la nación catalana? Me parece evidente: se trata de eliminar las influencias "foráneas", para que Cataluña sea exclusivamente catalana, puramente catalana. ¿De qué influencias "foráneas" puede tratarse? Principalmente, claro, de la influencia española, ejercida a través del Estado y de las sucesivas oleadas migratorias, pero también de la que ejercen los inmigrantes actuales, cuyo número y capacidad reproductiva ya suponen un motivo de preocupación para los guardianes de las esencias.

En consecuencia, pretender extraer cualquier consecuencia del llamado "hecho nacional" es una incoherencia o, quizá, una artimaña deshonesta. No se puede afirmar que Cataluña haya de llegar a ser forzosamente de una u otra manera porque hoy mismo ya sea así. No podemos estar ahora en una meta que se reconoce sin lugar a dudas como algo futuro, pendiente de ser construido. Cataluña será como la hagamos los ciudadanos de Cataluña y, viceversa, los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a decidir cómo ha de ser Cataluña en cada momento (y nos corresponde decidir hacia dónde nos encaminamos, aunque siempre, los ciudadanos de cada momento podrán variar el rumbo).

Pero aún podemos contemplar otra hipótesis: tal vez la nación catalana ya exista, pero limitada a una parte de la población, evidentemente los que tienen la lengua, costumbres, tradiciones que llevan más tiempo en Cataluña, se hayan originado aquí o hayan venido hace tiempo desde otras tierras y un determinado sentimiento hacia todo ello. Entonces, la construcción nacional de Cataluña consistiría en extender esta lengua, costrumbres, tradiciones y sentimientos a toda la población.

En esta hipótesis, estaríamos hablando de dos Cataluñas: una, el país de siete millones y medio de habitantes de distintos orígenes, lenguas, tradiciones y sentimiento; otra, los "verdaderos" catalanes, los que tienen el origen, la lengua, las tradiciones y los sentimientos "correctos". En definitiva, la construcción nacional de Cataluña, desde este punto de vista, pretende el predominio de este grupo particular sobre el total.

La democracia supone el gobierno de los representantes de la mayoría determinados por el resultado de las elecciones y, en este sentido, no podemos (ni pretendemos) negar la legitimidad del gobierno de CiU que preside Artur Mas. Propondrá las medidas que entienda oportunas y, si son aprobadas por el Parlamento, se convertirán en leyes que todos los ciudadanos deberemos acatar y sólo el recurso de inconstitucionalidad podrá evitarlo, si hay causa para ello.

Pero tenemos que tener todos muy claro que la construcción nacional de Cataluña es un proyecto político, defendido por los partidos que se definen como nacionalistas,m que podemos seguir, modificar o abandonar, a través de los mecanismos de la democracia. No se trata de ninguna necesidad histórica, de ningún "destino en lo universal" que se pueda imponer contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

La profesión de los políticos

Habla hoy el vicedirector de "La Vanguardia" sobre los "ex", cuyas filas van a engrosarse con los cargos cesantes del gobierno de la Generalidad como consecuencia de las elecciones que dieron la victoria a CiU.

Al final de su artículo, menciona el Sr. Abián unas estadísticas: el 60% de los parlamentarios catalanes no han trabajado en la empresa privada; el 80% proceden de otros cargos públicos y el 25% son funcionarios de carrera. La conclusión, que no expresa, puede ser que los políticos están constituyendo una casta especial, sin conexión con la sociedad (y, sobre todo, con la economía) real. Creo que hay que matizar esta conclusión.

Que la mayoría de los parlamentarios no haya trabajado en la empresa privada es lamentable, pero quiza pueda explicarse. ¿Qué empresario dejará su empresa, la que ha creado y hecho crecer, para que se venga abajo mientras él se dedica a la política? Evidentemente, sólo aquél que haya fracasado y no tenga ya empresa. Pero, ¿habrá aprendido de sus fracasos o trasladará sus errores a la gestión pública?

Lo propio se puede decir de los profesionales, en particular, los abogados que, por su formación, están más cerca del parlamento. No dejarán la profesión, permitiendo que sus clientes pasen a otros profesionales; sólo pasarán a la política para obtener contactos e influencias que les puedan resarcir de las pérdidas. ¿Salimos ganando los ciudadanos con estos trasvases del sector privado al público?

En cuanto a otros trabajadores del sector privado, normalmente su función es la gestión de asuntos muy particulares: un médico suele tener experiencia en diagnosticar enfermos individuales y prescribir y aplicar los tratamientos oportunos. Esta experiencia no es demasiado útil para la política, que debe adoptar otro punto de vista, general y relacionado con el resto de la sociedad (aunque, ciertamente, un conseller de Sanidad deba tomar muy en cuenta la opinión de los médicos). Lo propio cabe decir de los agentes de seguros, de los fontaneros, de los expertos en marketing o de los veterinarios.

Que los parlamentarios provengan de otros cargos públicos no es, a nuestro entender, negativo, sino que puede ser muy positivo: que un conseller haya dado muestras de su valía en el desempeño de otro cargo, por ejemplo alcalde de una localidad, significa que ya tiene conocimientos de gestión pública y una experiencia acreditada. Es decir, lo que se supone que exigiría un empresario privado a la hora de escoger un directivo para su empresa. Si a nadie se le ocurriría escoger a un neófito como director general, director financiero o jefe de ventas de su empresa, ¿por qué hemos de considerar normal que personas sin experiencia accedan a la presidencia, a un ministerio o conselleria?

En cuanto a los funcionarios, hay que distinguir dos grupos: los teóricos, es decir, los profesores de universidad, y los prácticos. Respecto de los primeros, su formación no garantiza un buen desempeño en el gobierno. Pueden aportar conocimientos válidos, sobre todo si la materia que imparten o su forma de abordarla está especialmente apegada a la realidad de cada momento; si han trabajado proponiendo, criticando o estudiando políticas públicas, su experiencia puede ser una importante contribución a la vida pública. No así si se han dedicado a la ciencia pura, aunque se trate de una materia de especial interés práctico.

De los funcionarios que gestionan materias de interés general, cabe decir que pueden presentar los mismos inconvenientes ya mencionados respecto de los trabajadores del sector privado: es probable que su experiencia les sugiera ideas válidas para mejorar aspectos concretos de su labor, de las unidades en que se encuadran para ejercerla, pero es más difícil que tengan una visión general, tanto en el espacio como en el tiempo.

Pero dentro de este grupo están también los funcionarios cuya labor consiste, precisamente, en proponer a los políticos las actuaciones viables en cada momento, ya sea de acuerdo con las líneas generales trazadas por ellos, ya para que elijan entre diversas alternativas, y en llevar a la práctica las decisiones que adopten los representantes de la voluntad popular. Es decir, personas cuya formación y experiencia se centra en las mismas materias sobre las que han de decidir los políticos, pero con más incidencia en los aspectos prácticos.

Yendo al extremo, estos funcionarios son los responsables de la gestión de los asuntos públicos, de los que se ocupan los políticos cuando se lo permite su propia actividad, centrada en las encuestas, los votos, las elecciones, las mayorías parlamentarias, los pactos políticos, etc. No es extraño que se sientan atraidos por la posibilidad de introducir una brizna de conocimiento técnico en ese mundo de marketing y negociación, por contribuir a elaborar las leyes que deben aplicar y cuyos defectos ven y padecen diariamente.

¿Tecnocracia, concepto denostado donde los haya? A nuestro juicio, simplemente la necesidad, evidente en cualquier sociedad que pretenda funcionar correctamente, de que se encarguen de las diferentes funciones las personas más capaces, por su formación, capacidad y experiencia, para desempeñarlas con éxito.

Un solo dato histórico: tras la Revolución francesa, se pretendió que los representantes del pueblo ejerciesen todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, el más técnico, el que exige mayores capacidades y formación, ya que el Juez no tiene expertos en Derecho en quienes apoyarse, debió ser excluido de tal pretensión, confiando de nuevo en jueces expertos en Derecho, por los malos resultados que dieron los tribunales populares.

Quizá ahora estamos viviendo un proceso similar en relación con los otros poderes, pero los dogmas indiscutidos no nos dejan verlo. Un político debe estar preparado para gobernar, no sólo ser un experto en ganar elecciones, obtener la investidura y sacar adelante leyes que reflejen los intereses de las formaciones que las apoyan. Gobernar no significa sólo ocupar el Gobierno y, por tanto, usar sus resortes para seguir en el poder, sino utilizar este poder para resolver los problemas comunes. Para ésto votamos a los políticos, aunque parece que no se hayan enterado.