Fiscalidad de los trabajadores

En "La Vanguardia" de ayer, domingo 14 de agosto, Antonio Durán-Sindreu publica una Tribuna bajo el título "Fiscalidad y trabajo". En ella afirma que Si el trabajo es la fuente originaria de creación de riqueza, es un contrasentido que sea, a su vez, la que más fiscalidad soporta. Afirma, en consecuencia, que es necesario aligerar la fiscalidad sobre el trabajo y, considerando la Seguridad Social como un impuesto, propone reducir el coste que supone para las empresas. Y, para contrarrestar el consiguiente descenso de la recaudación, propone incrementar el IVA y los Impuestos Especiales.

La Seguridad Social protege al trabajador frente a contingencias presentes, como la enfermedad, y futuras, como la jubilación, que implican una disminúción o desaparición de los ingresos procedentes del trabajo y un aumento de las necesidades. En consecuencia, si las cuotas de la Seguridad Social se pueden calificar como un impuesto, ya que son exigidas coactivamente por el Estado, también pueden ser presentadas como una retribución, en parte en especie y, en parte, diferida, del trabajo.

La propuesta del Sr. Durán-Sindreu supone reducir la retribución que percibe el trabajador del empresario, ya que éste dejará de satisfacer esas cuotas o pagará un importe inferior. La diferencia para mantener las prestaciones del sistema deberá ser aportada por el Estado, con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos.

Pero este incremento del gasto público exige, como reconoce expresamente el Sr. Durán-Sindreu, un aumento de la recaudación impositiva. Pero no a través de los impuestos directos y, en particular, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la figura con más capacidad redistributiva, sino a través de los impuestos sobre el consumo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales, impuestos que tienen un carácter claramente regresivo.

¿Qué significa este carácter regresivo? Sencillamente, que recaen en mayor medida sobre las personas con menor capacidad económica. En un ejemplo simplificado: imaginemos una persona o familia que obtiene una renta de 100 unidades, que cubren exactamente sus necesidades (no puede ahorrar); paga en concepto de IVA el 18% de esa renta. Imaginemos ahora otra persona o familia idéntica, pero que percibe una renta de 1.000 unidades. Podría vivir con 100 unidades y ahorrar 900. En este caso límite (y totalmente hipotético, claro está), pagaría el 1,8% de su renta en concepto de IVA. Cuanto mayor es el ahorro efectivo, que depende en parte de la capacidad de ahorro, es decir, de la renta, menor es la proporción de esa renta satisfecha en concepto de impuesto sobre el consumo.

La conclusión es evidente: el Sr. Durán-Sindreu propone reducir los costes de las empresas trasladándolos a los trabajadores, haciendo que la financiación de la Seguridad Social pase a ser soportada en mayor medida por éstos. Como los empresarios seguirán apropiándose de los beneficios de sus empresas, que habrían de ser mayores con la disminución de los costes y no se verían mermados por la imposición directa sino en la misma medida que ahora (o, incluso en menor medida, si se reducen el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF), el conjunto supone una traslación de renta a favor de los que más tienen.

Por ello, en nuestra opinión, si resulta preciso favorecer la creación de empresas mediante incentivos fiscales, éstos han de tener un carácter claramente temporal, de manera que, una vez superada la crisis, las clases populares resulten compensadas mediante un incremento de su participación en el Producto Interior Bruto, fundamentalmente mediante un incremento de la imposición directa sobre las rentas más altas.

Los empresarios

Hoy, domingo 7 de agosto, "La Vanguardia" publica una Tribuna del presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montell`, bajo el título "Tiempos revueltos". En ella, el Sr. Gay da consejos a las Administraciones públicas acerca de lo que deben hacer ante la durísima situación de le economía española. La verdad es que su lectura me ha dejado mal sabor de boca.

Es muy cierto que los políticos han respondido tarde y mal a la crisis, sobre todo el Gobierno de España. José Luis Rodríguez Zapatero, pero también los restantes mandatarios de nuestro país no se han preocupado sino de conservar o mejorar sus expectativas electorales, utilizando para ello los poderes que les hemos confiado y los fondos que les hemos entregado para usar en beneficio de los ciudadanos. Pero, ¿qué hay de los empresarios?

No he visto que en ningún momento las instituciones representativas de los empresarios hayan hecho autocrítica, reconociendo su participación en la génesis de la crisis económica y su parte de culpa en que sigamos hundidos en ella, sin salir a flote, a diferencia de otros países.

¿Acaso el excesivo peso de la construcción en la economía española no se debió a que los empresarios desdeñaron otros sectores, más difíciles, sin duda, para lanzarse en masa a invertir en el ladrillo, en busca de pelotazos fáciles e inmediatos, sin preocuparse del futuro?

¿No tienen nada que ver los empresarios, que pagaban sueldos altos a trabajadores sin formación en detrimento de los más cualificados, con la penosa situación de la educación?

¿Olvidamos que en todo caso de corrupción, por definición, concurren un cargo público, frecuentemente uno o más intermediarios y un empresario?

¿Creemos realmente que los bancos son entes impersonales, casi entelequias, en lugar de empresas especializadas en negociar con dinero ajeno, regidas por los correspondientes empresarios? y, por consiguiente, ¿no serán estos empresarios responsables de la crisis, en cuanto asumieron un riesgo excesivo y demasiado concentrado? Y, ¿no son también responsables de la falta de crédito para la reactivación de la economía, al mantener una cartera inmobiliaria inactiva, para evitar reconocer las pérdidas que ellos mismos provocaron?

Los empresarios reclaman a las Administraciones públicas que asuman las pérdidas que su irresponsable política generó, repartiéndolas entre los contribuyentes, y que creen las condiciones precisas para que ellos, sin riesgo o con un riesgo moderado, vuelvan a ganar dinero. Esperan que el Estado actúe como locomotora de la economía, para ponerse luego a rebufo y atribuirse todo el mérito. Y, además, querrán volver a las andadas, a ganar dinero con los pelotazos inmobiliarios y el ladrillo.

Eso sí, hay excepciones. Empresarios que han apostado por crear valor, ya sea mediante el empleo de las nuevas tecnologías o, simplemente, cuidar la calidad en bienes y servicios tradicionales. Que no buscan el pelotazo, sino la satisfacción de necesidades que, quizá, no han sido advertidas o eran cubiertas de formas menos adecuadas. A ellos les necesitamos. Desgraciadamente, por lo que se ve,son una minoría.

David Madí

El conocido político nacionalista, David Madí, que abandonó la política activa una vez CiU hubo ganado las elecciones para pasar a la actividad privada, ha sido designado presidente del consejo asesor de Endesa en Cataluña.

Desde otras posiciones políticas se ha relacionado este nombramiento con un contencioso que enfrenta a Endesa con la Generalitat, que ha de imponer a la empresa una sanción económica que podría ser millonaria.

De igual manera, se ha señalado que la consultora Deloitte ha contratado al Sr. Madí como consultor a tiempo parcial. Precisamente Deloitte, que tiene que auditar las cuentas de entidades dependientes de la Generalitat en virtud de un sustancioso contrato.

Por supuesto, estas circunstancias son sospechosas. La sombra de una transacción ilegal y no declarada planea sobre estos nombramientos. Pero hay algo más.

Sin duda, el Sr. Madí es una persona muy inteligente, trabajadora y con una experiencia importante en materia de campañas electorales y marketing político. Pero, estos activos ¿justifican su nombramiento como asesor de una compañía energética? ¿Qué sabe D. David Madí del mercado energético, de las circunstancias en que se desarrolla el trabajo de una compañía de electricidad? O, ¿para qué quiere Endesa un experto en la planificación y dirección de campañas electorales? ¿qué parte del negocio de Deloitte se refiere al asesoramiento electoral?

Evidentemente, estas preguntas son retóricas. Lo que ofrece el Sr. Madí, lo que compran Endesa y Deloitte es su agenda de contactos y, muy especialmente, su vinculación al Presidente de la Generalitat, que le da fácil acceso y, se supone, influencia.

Y, por supuesto, estos activos sólo pueden servir para una cosa: para que quien los ha adquirido se sitúe en una posición de privilegio respecto de sus competidores, para que disponga de una ventaja que no procede de la excelencia de los bienes y servicios que aporta al mercado.

Esta es, en definitiva, la esencia de la corrupción: influir en una decisión mediante argumentos que no son los que el encargado de adoptarla debería tomar en cuenta. Unas veces cae en el campo del derecho penal; otras, fuera. Pero siempre perjudica a quienes pagan, aquéllos cuyo interés debería prevalecer.

Y, lo que es peor, el caso que comentamos es solo uno más. Es tan corriente que un político prominente se incorpore a cargos bien remunerados en la empresa privada que la sociedad lo considera normal y, sobre todo, que pone de manifiesto que resulta beneficioso: para la empresa y para el político. ¿Los ciudadanos?¿A quién le importan los ciudadanos?

Amenazas contra la realidad

El Presidente de la Generalitat, en su primer mensaje de fin de año, ha urgido a los ciudadanos a reaccionar contra las amenazas contra nuestra realidad nacional, según informa "La Vanguardia".

Quizá no resulte fácil definir la realidad. Creo que podemos estar de acuerdo en que esta palabra refleja lo que verdaderamente es, o existe, con independencia de que podamos, queramos o sepamos verlo, como consecuencia de nuestros deseos, fantasías, prejuicios, parcialidades, opiniones preconcebidas y otros obstáculos que nublan nuestra visión subjetiva.

Si esta aproximación es correcta, la realidad debe ser ligada a un momento determinado. En ese momento, la realidad es fija: es lo que aparece en la foto obtenida en ese momento. Pero en cualquier otro momento, la realidad será distinta de la correspondiente al momento anterior y de la que existirá en el siguiente, sencillamente porque el universo está en permanente cambio.

Amenazar la realidad, por consiguiente, sólo tiene sentido si nos referimos a una realidad futura: no podemos cambiar el pasado (sólo el relato del pasado) ni tampoco el presente. La foto refleja nuestra posición en el momento en que se obtiene y sólo nos permite prepararnos para ese momento, o lamentar no haber estado prevenidos.

¿Qué quiere decir el Sr. Mas? Sin duda que debemos reaccionar contra aquéllo que puede provocar que el futuro no sea conforme a sus deseos. Si Cataluña es hoy una nación, o lo ha sido históricamente, ya no es posible cambiarlo. De hecho, la realidad futura será también inmutable cuando llegue, por el concepto mismo de realidad, por lo que sólo tiene sentido hablar de deseos o previsiones.

Aquí está, por tanto, la trampa del nacionalismo: trata de convencernos de que los deseos de los nacionalistas son la realidad, de forma que creamos que no existe la opción. No es posible oponerse a la realidad, sólo podemos tratar de hacer que la realidad de un momento futuro (o de todos los momentos futuros) sea distinta de la realidad de este momento en uno o varios aspectos. Hacer que la realidad de un momento futuro coincida con nuestros deseos actuales.

Por tanto, el Presidente de la Generalitat nos está exhortando a oponernos a aquellos factores que pueden conducir a que, en el futuro, Cataluña no sea una nación, como él y quienes comparten sus creencias y sentimientos desean.

El engaño quizá presente así un nuevo matiz: al equiparar sus deseos con la realidad, el Sr. Mas se siente legitimado para dar a tales deseos un alcance universal. Que en el futuro Cataluña constituya una nación es un deseo que comparten diversas opciones políticas, pero no tiene porqué ser compartido por todos. Su mensaje, en lugar de institucional, como procedería en las circunstancias en que lo emite, es partidista.

Pues no. Cataluña, en cada momento, será lo que quienes aquí vivimos y trabajamos, hagamos. No existe un determinismo histórico que nos vete ciertas alternativas o nos imponga otras; sólo circunstancias que nos pueden hacer unas opciones más difíciles que otras. Podemos elegir libremente los objetivos y trabajar para conseguirlos, así como modularlos o cambiarlos en todo momento. Precisamente, porque no son realidad.

Nación en construcción

El nuevo Presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su toma de posesión, afirmó, según recoge "La Vanguardia" en su edición en papel (no así en la digital) No me siento resistente, tampoco liberador, me siento constructor de la nación catalana.

Además de definir (por si era preciso) su objetivo fundamental (aunque, por lo que él mismo señaló, no su primera prioridad, afortunadamente) esta expresión que, repito, "La Vanguardia" entrecomilla como cita textual, nos revela algo esencial sobre el nacionalismo y los nacionalistas.

Si la nación catalana ha de ser construida, es que todavía no existe o, al menos, no está completa. Si ya estuviese construida, no sería preciso construirla, en todo caso ampliarla o reformarla (ya sé que ésto podría firmarlo el famoso Perogrullo, pero seguro que ningún medio repara en ello...o quizás no quieren advertirlo).

¿En qué consiste la construcción de la nación catalana? Me parece evidente: se trata de eliminar las influencias "foráneas", para que Cataluña sea exclusivamente catalana, puramente catalana. ¿De qué influencias "foráneas" puede tratarse? Principalmente, claro, de la influencia española, ejercida a través del Estado y de las sucesivas oleadas migratorias, pero también de la que ejercen los inmigrantes actuales, cuyo número y capacidad reproductiva ya suponen un motivo de preocupación para los guardianes de las esencias.

En consecuencia, pretender extraer cualquier consecuencia del llamado "hecho nacional" es una incoherencia o, quizá, una artimaña deshonesta. No se puede afirmar que Cataluña haya de llegar a ser forzosamente de una u otra manera porque hoy mismo ya sea así. No podemos estar ahora en una meta que se reconoce sin lugar a dudas como algo futuro, pendiente de ser construido. Cataluña será como la hagamos los ciudadanos de Cataluña y, viceversa, los ciudadanos de Cataluña tenemos derecho a decidir cómo ha de ser Cataluña en cada momento (y nos corresponde decidir hacia dónde nos encaminamos, aunque siempre, los ciudadanos de cada momento podrán variar el rumbo).

Pero aún podemos contemplar otra hipótesis: tal vez la nación catalana ya exista, pero limitada a una parte de la población, evidentemente los que tienen la lengua, costumbres, tradiciones que llevan más tiempo en Cataluña, se hayan originado aquí o hayan venido hace tiempo desde otras tierras y un determinado sentimiento hacia todo ello. Entonces, la construcción nacional de Cataluña consistiría en extender esta lengua, costrumbres, tradiciones y sentimientos a toda la población.

En esta hipótesis, estaríamos hablando de dos Cataluñas: una, el país de siete millones y medio de habitantes de distintos orígenes, lenguas, tradiciones y sentimiento; otra, los "verdaderos" catalanes, los que tienen el origen, la lengua, las tradiciones y los sentimientos "correctos". En definitiva, la construcción nacional de Cataluña, desde este punto de vista, pretende el predominio de este grupo particular sobre el total.

La democracia supone el gobierno de los representantes de la mayoría determinados por el resultado de las elecciones y, en este sentido, no podemos (ni pretendemos) negar la legitimidad del gobierno de CiU que preside Artur Mas. Propondrá las medidas que entienda oportunas y, si son aprobadas por el Parlamento, se convertirán en leyes que todos los ciudadanos deberemos acatar y sólo el recurso de inconstitucionalidad podrá evitarlo, si hay causa para ello.

Pero tenemos que tener todos muy claro que la construcción nacional de Cataluña es un proyecto político, defendido por los partidos que se definen como nacionalistas,m que podemos seguir, modificar o abandonar, a través de los mecanismos de la democracia. No se trata de ninguna necesidad histórica, de ningún "destino en lo universal" que se pueda imponer contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña.

La profesión de los políticos

Habla hoy el vicedirector de "La Vanguardia" sobre los "ex", cuyas filas van a engrosarse con los cargos cesantes del gobierno de la Generalidad como consecuencia de las elecciones que dieron la victoria a CiU.

Al final de su artículo, menciona el Sr. Abián unas estadísticas: el 60% de los parlamentarios catalanes no han trabajado en la empresa privada; el 80% proceden de otros cargos públicos y el 25% son funcionarios de carrera. La conclusión, que no expresa, puede ser que los políticos están constituyendo una casta especial, sin conexión con la sociedad (y, sobre todo, con la economía) real. Creo que hay que matizar esta conclusión.

Que la mayoría de los parlamentarios no haya trabajado en la empresa privada es lamentable, pero quiza pueda explicarse. ¿Qué empresario dejará su empresa, la que ha creado y hecho crecer, para que se venga abajo mientras él se dedica a la política? Evidentemente, sólo aquél que haya fracasado y no tenga ya empresa. Pero, ¿habrá aprendido de sus fracasos o trasladará sus errores a la gestión pública?

Lo propio se puede decir de los profesionales, en particular, los abogados que, por su formación, están más cerca del parlamento. No dejarán la profesión, permitiendo que sus clientes pasen a otros profesionales; sólo pasarán a la política para obtener contactos e influencias que les puedan resarcir de las pérdidas. ¿Salimos ganando los ciudadanos con estos trasvases del sector privado al público?

En cuanto a otros trabajadores del sector privado, normalmente su función es la gestión de asuntos muy particulares: un médico suele tener experiencia en diagnosticar enfermos individuales y prescribir y aplicar los tratamientos oportunos. Esta experiencia no es demasiado útil para la política, que debe adoptar otro punto de vista, general y relacionado con el resto de la sociedad (aunque, ciertamente, un conseller de Sanidad deba tomar muy en cuenta la opinión de los médicos). Lo propio cabe decir de los agentes de seguros, de los fontaneros, de los expertos en marketing o de los veterinarios.

Que los parlamentarios provengan de otros cargos públicos no es, a nuestro entender, negativo, sino que puede ser muy positivo: que un conseller haya dado muestras de su valía en el desempeño de otro cargo, por ejemplo alcalde de una localidad, significa que ya tiene conocimientos de gestión pública y una experiencia acreditada. Es decir, lo que se supone que exigiría un empresario privado a la hora de escoger un directivo para su empresa. Si a nadie se le ocurriría escoger a un neófito como director general, director financiero o jefe de ventas de su empresa, ¿por qué hemos de considerar normal que personas sin experiencia accedan a la presidencia, a un ministerio o conselleria?

En cuanto a los funcionarios, hay que distinguir dos grupos: los teóricos, es decir, los profesores de universidad, y los prácticos. Respecto de los primeros, su formación no garantiza un buen desempeño en el gobierno. Pueden aportar conocimientos válidos, sobre todo si la materia que imparten o su forma de abordarla está especialmente apegada a la realidad de cada momento; si han trabajado proponiendo, criticando o estudiando políticas públicas, su experiencia puede ser una importante contribución a la vida pública. No así si se han dedicado a la ciencia pura, aunque se trate de una materia de especial interés práctico.

De los funcionarios que gestionan materias de interés general, cabe decir que pueden presentar los mismos inconvenientes ya mencionados respecto de los trabajadores del sector privado: es probable que su experiencia les sugiera ideas válidas para mejorar aspectos concretos de su labor, de las unidades en que se encuadran para ejercerla, pero es más difícil que tengan una visión general, tanto en el espacio como en el tiempo.

Pero dentro de este grupo están también los funcionarios cuya labor consiste, precisamente, en proponer a los políticos las actuaciones viables en cada momento, ya sea de acuerdo con las líneas generales trazadas por ellos, ya para que elijan entre diversas alternativas, y en llevar a la práctica las decisiones que adopten los representantes de la voluntad popular. Es decir, personas cuya formación y experiencia se centra en las mismas materias sobre las que han de decidir los políticos, pero con más incidencia en los aspectos prácticos.

Yendo al extremo, estos funcionarios son los responsables de la gestión de los asuntos públicos, de los que se ocupan los políticos cuando se lo permite su propia actividad, centrada en las encuestas, los votos, las elecciones, las mayorías parlamentarias, los pactos políticos, etc. No es extraño que se sientan atraidos por la posibilidad de introducir una brizna de conocimiento técnico en ese mundo de marketing y negociación, por contribuir a elaborar las leyes que deben aplicar y cuyos defectos ven y padecen diariamente.

¿Tecnocracia, concepto denostado donde los haya? A nuestro juicio, simplemente la necesidad, evidente en cualquier sociedad que pretenda funcionar correctamente, de que se encarguen de las diferentes funciones las personas más capaces, por su formación, capacidad y experiencia, para desempeñarlas con éxito.

Un solo dato histórico: tras la Revolución francesa, se pretendió que los representantes del pueblo ejerciesen todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, el más técnico, el que exige mayores capacidades y formación, ya que el Juez no tiene expertos en Derecho en quienes apoyarse, debió ser excluido de tal pretensión, confiando de nuevo en jueces expertos en Derecho, por los malos resultados que dieron los tribunales populares.

Quizá ahora estamos viviendo un proceso similar en relación con los otros poderes, pero los dogmas indiscutidos no nos dejan verlo. Un político debe estar preparado para gobernar, no sólo ser un experto en ganar elecciones, obtener la investidura y sacar adelante leyes que reflejen los intereses de las formaciones que las apoyan. Gobernar no significa sólo ocupar el Gobierno y, por tanto, usar sus resortes para seguir en el poder, sino utilizar este poder para resolver los problemas comunes. Para ésto votamos a los políticos, aunque parece que no se hayan enterado.

El católico Artur Mas

En "La Vanguardia" de hoy, Enric Juliana ("Aromas de Jansenio") defiende que, contra lo que han señalado otros comentaristas, la figura de Artur Mas emparenta más bien con el jansenismo que con el calvinismo. Se basa, esencialmente, en la efectiva influencia que la doctrina jansenista, de origen francés, tuvo en Cataluña y Valencia.

En cierto modo, no estoy de acuerdo con esta idea. El elemento diferencial del calvinismo, la predestinación, cuadra mucho mejor con el nacionalismo de Mas. Calvino afirma que quienes están predestinados a salvarse lo pondrán de manifiesto durante toda su vida, al observar una conducta moralmente irreprochable y tener, en consecuencia, la protección divina que les garantiza el éxito terrenal.

Es claro el carácter conservador de esta doctrina y su aplicación a un político nacionalista, que pretende el retorno de los viejos buenos tiempos en que los suyos, la burguesía mercantil catalana, dominaban todos los resortes del país (salvo los que, como el ejército, dependían de Madrid). La conexión entre el éxito económico y la moral tradicional tiene un reflejo perfecto en la ideología nacionalista, que aúna catalanismo y empresa privada, con el paraguas protector de la Generalitat y, todo ello, como resultado de la observancia de una ley inmutable y trascendente: la ley divina, en un caso, la realidad nacional de Cataluña, del otro.

Frente al calvinismo, que exige la demostración contínua de fe a lo largo de toda la vida del ser humano, el catolicismo admite la salvación por el arrepentimiento del último momento, tras una vida entera de pecado. Como se dice en Don Juan Tenorio, de Zorrilla: un punto de contrición da a un alma la salvación. La salvación, la gloria no es producto del trabajo paciente y constante de toda una vida, sino de un logro único, de un momento de genio o de lucidez. En "El condenado por desconfiado" de Tirso de Molina, el pecador endurecido se salva en el último momento, confundiendo a quien creyó que toda una vida de pecado no podía conducir sino a la condenación eterna.

Esta fue la moral del tripartito, y su fracaso. No una política tranquila de prudentes reformas que compensasen los desequilibrios de casi un cuarto de siglo de gobierno nacionalista, sino un logro deslumbrante que les asegurase el pase a la Historia (y la reelección indefinida, al desaparecer CiU): el nuevo Estatuto de Autonomía. Huelga repetir lo que sucedió y el magro beneficio electoral que, a la larga, han obtenido los partidos que lo formaban.

Pero Artur Mas ya ha anticipado que su religión es también este catolicismo, por demás tan español: la gran obra de su mandato ha de ser la obtención del régimen de concierto económico para Cataluña, algo muy superior a lo que pretendía, en materia económica, el Estatuto, que se vio recortado en este campo como en otros (de hecho, en la elaboración del Estatuto se planteó el concierto y se desechó por inalcanzable).

Me temo, pues, que tampoco esta vez Cataluña tendrá un gobierno dispuesto a aportar lo que Cataluña (y España) necesita: un trabajo, discreto y paciente, para resolver los graves problemas que tenemos planteados, confiando en que una mejoría, lenta pero constante, edificada sobre bases sólidas, garantice un éxito electoral que compense tal trabajo. Tendrá (y me gustaría equivocarme) un gobierno cortoplacista, que sólo atenderá al resultado de las próximas y contínuas elecciones y a beneficiar a quienes pueden influir en ellas: quienes aportan financiación, y la clientela, que aporta votos.