Arturo Pérez Reverte ha plasmado perfectamente lo que probablemente sea el sentimiento compartido por una amplia capa de la población española respecto de los políticos que padecemos. http://xlsemanal.finanzas.com/web/firma.php?id_edicion=4307&id_firma=9091
Sorprende, sin embargo, que diga que hace veinte o treinta años él admiraba a los políticos de entonces. Hace treinta años gobernaba la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez. Hace veinte, el Partido Socialista Obrero Español, dirigido por el tándem Felipe González - Alfonso Guerra. Sobre todo éste último gobierno se vió salpicado por buen número de casos de corrupción que, finalmente, tuvieron buena parte en el vuelco electoral y el triunfo del Partido Popular de José Mª Aznar.
Sin embargo, creo que todos estábamos convencidos de que, incluso con sus casos de corrupción, aquellos gobiernos trataban de trabajar por el bien común (y por el suyo; todo el que trabaja lo hace, en definitiva, por ganarse la vida). Unos cuantos socialistas, qué duda cabe, aprendieron a utilizar el poder para beneficiarse personalmente, más allá de lo que permite la Ley. Pero el Gobierno, los gobiernos, además, trataron de llevar a la práctica las ideas que tenían acerca de la mejor gestión de los intereses generales. A veces, esas ideas podían ser insensatas; otras, su puesta en práctica resultó nefasta. Pero ése es el riesgo de la democracia: elegimos a quien nos parece que ha de hacerlo mejor, nos podemos equivocar y nunca sabemos realmente si nos hemos equivocado (nunca sabemos qué hubiera hecho realmente el otro).
Los políticos de hoy, en cambio, han olvidado completamente el interés público y se limitan a hacer lo que creen que les ha de beneficiar, personalmente o al partido. Son incapaces de pensar en las consecuencias de sus actos para los ciudadanos que, pacientemente, les votamos (o no) y, con seguridad, pagamos sus sueldos, sus escoltas, sus guateques, sus viajes, sus coches oficiales y los medios de comunicación que les dan la sensación de ser personas importantes.
El Gobierno no tiene empacho en negar una crisis evidente y creciente, sólo porque le interesaba electoralmente y, cuando la admite, sus medidas no se dirigen a combatir o paliar la crisis, sino a preparar las elecciones. Y la oposición, si hace algo, es sólo para desgastar al Gobierno, o sea, para lograr acceder al gobierno.
No es de extrañar que añoremos aquellos tiempos en que los políticos hacían como todo el mundo: trabajar en beneficio propio (todos queremos el sueldo que nos pagan para vivir lo mejor posible), pero conscientes de que ello implicaba atender a los intereses del pagador. Ahora, los políticos quieren que les paguemos el sueldo sólo por ocuparse de sus propios intereses. Y un día nos podemos cansar.
jueves, 6 de agosto de 2009
lunes, 3 de agosto de 2009
Regalos
Espectacular. Increíble. Resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa contra Camps y Costa porque no se ha descubierto relación entre los regalos que recibieron y adjudicaciones de contratos públicos a favor de Orange Market. Costa, además, como diputado autonómico, no podía influir en la elaboración de leyes que pudiesen favorecer a la generosa empresa.
Todos pensábamos que el cohecho impropio venía a sancionar la percepción de regalos que no estuviesen conectados causalmente con la realización de actos prohibidos. Que el legislador pretendía evitar tratos de favor que no resultasen ilegales por sí mismos, pero sí contrarios al principio de igualdad: que finalizar un expediente en un tiempo record no es contrario a derecho, pero hacerlo sólo para quien ha hecho un buen regalo...
Pero no, la presunción de inocencia excluye pensar que quien le hace un regalo al presidente de la Generalitat valenciana lo hace por su cuenta y razón y que el Sr. Camps es consciente de ello e implícitamente se compromete, al aceptar el regalo, dar un trato especial (aunque no necesariamente antijurídico) al oferente.
Lo más triste es que esta resolución judicial sigue la misma línea que las declaraciones de Rita Barberà, quien afirmó que todos los políticos reciben regalos. Porque si esa afirmación es cierta (y lamentamos creer que lo es) significa que en España los regalos siguen siendo útiles. Porque, ¿qué empresa, entidad creada para ganar dinero, haría regalos si no le saliesen a cuenta, si no fuesen inversiones productivas?
Es evidente: los regalos lubrifican el trato entre las empresas y las Administraciones públicas, haciendo fácil lo difícil y acelerando la más bien premiosa maquinaria administrativa. No hace que la empresa dadivosa obtenga la adjudicación de contratos que no pudiera ganar en una licitación igualitaria, pero le da una ventaja: conoce antes la convocatoria, la conoce mejor, le advierten de los extremos que más importan al órgano de contratación, quizá de quiénes son los demás concurrentes. En una palabra, le dan una posición ventajosa, porque le dan acceso directo al poder.
Los regalos muestran que en España sigue imperando el amiguismo. Que es más conveniente tener acceso a las altas esferas que ser competitivo. Que la calidad no lo es todo en ámbitos en que debiera serlo.
Y luego pretendemos salir de la crisis y ser una potencia económica.
Todos pensábamos que el cohecho impropio venía a sancionar la percepción de regalos que no estuviesen conectados causalmente con la realización de actos prohibidos. Que el legislador pretendía evitar tratos de favor que no resultasen ilegales por sí mismos, pero sí contrarios al principio de igualdad: que finalizar un expediente en un tiempo record no es contrario a derecho, pero hacerlo sólo para quien ha hecho un buen regalo...
Pero no, la presunción de inocencia excluye pensar que quien le hace un regalo al presidente de la Generalitat valenciana lo hace por su cuenta y razón y que el Sr. Camps es consciente de ello e implícitamente se compromete, al aceptar el regalo, dar un trato especial (aunque no necesariamente antijurídico) al oferente.
Lo más triste es que esta resolución judicial sigue la misma línea que las declaraciones de Rita Barberà, quien afirmó que todos los políticos reciben regalos. Porque si esa afirmación es cierta (y lamentamos creer que lo es) significa que en España los regalos siguen siendo útiles. Porque, ¿qué empresa, entidad creada para ganar dinero, haría regalos si no le saliesen a cuenta, si no fuesen inversiones productivas?
Es evidente: los regalos lubrifican el trato entre las empresas y las Administraciones públicas, haciendo fácil lo difícil y acelerando la más bien premiosa maquinaria administrativa. No hace que la empresa dadivosa obtenga la adjudicación de contratos que no pudiera ganar en una licitación igualitaria, pero le da una ventaja: conoce antes la convocatoria, la conoce mejor, le advierten de los extremos que más importan al órgano de contratación, quizá de quiénes son los demás concurrentes. En una palabra, le dan una posición ventajosa, porque le dan acceso directo al poder.
Los regalos muestran que en España sigue imperando el amiguismo. Que es más conveniente tener acceso a las altas esferas que ser competitivo. Que la calidad no lo es todo en ámbitos en que debiera serlo.
Y luego pretendemos salir de la crisis y ser una potencia económica.
domingo, 19 de julio de 2009
Bilingüismo
El Idescat (Instituto de estadística dependiente de la Generalitat) ha publicado un estudio según el cual la lengua habitual de los habitantes de Cataluña es, para el 45,6 % de la población, el castellano, para el 35,6 % el catalán y un 12 % declara utilizar habitualmente ambas lenguas.Si atendemos a la lengua de identificación, el primer lugar corresponde al castellano, con un 46,5 %, frente a un 37,2 para el catalán y un 8,8 % de la población que se identifica con ambas lenguas.
Esta estadística muestra la realidad lingüística de Cataluña. En cambio, la realidad política es otra muy diferente. El Estatuto de Autonomía afirma que la lengua propia de Cataluña es el catalán (lo que viene a significar que el castellano es una lengua ajena). La Ley de Educación recientemente aprobada, impone el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, relegando el castellano, la lengua preferida de los habitantes de Cataluña, al nivel de una lengua extranjera. Y esta situación se advierte como normal por un amplio sector de la población, como muestran expresiones como la carta Bilingüisme i català, publicada en "La Vanguardia" del 19 de julio de 2009, cuyo autor parece querer presentar su visión como ecuánime y equilibrada.
La realidad política aludida está dominada por el engaño nacionalista, suscrito por convicción o interés electoral por la mayoría de las fuerzas políticas. Este engaño afirma que la lengua de Cataluña no puede ser otra que el catalán. La argumentación se basa en la idea de que Cataluña es una nación, construida en torno, precisamente, a la lengua catalana.
Evidentemente, puesto que la mayoría de la población de Cataluña no es catalanoparlante, como pone de manifiesto la encuesta citada, esta afirmación no se sostiene. Tampoco es válido el argumento de que en una época pasada Cataluña fue totalmente catalanoparlante, ya que ello implica pretender que los muertos prevalezcan sobre los vivos. Y, sobre todo, porque son los vivos los que eligen la época que les interesa: una vez, Cataluña habló latín y, antes que éso, lenguas prerromanas. Si los muertos han de prevalecer sobre los vivos, ¿no habríamos de acusar a los catalanes medievales de abandonar la lengua de sus mayores?
El nacionalismo es un proyecto: la construcción de la nación catalana, en torno a la lengua catalana. Al servicio de este proyecto se encuentran el precepto del Estatuto, la Ley de Educación y muchas otras acciones de gobierno. La mentira se encuentra en la afirmación de que este proyecto es el único posible, de que es una realidad ineludible.
Una Cataluña catalanoparlante es un proyecto de convivencia, lícito, pero no obligatorio. Puede y debe competir con otros que puedan plantearse, como una Cataluña castellanoparlante, una Cataluña bilingüe o una Cataluña araboparlante. Y serán los ciudadanos de Cataluña los que habrán de decidir, sin quedar vinculados por mitos históricos u otras patrañas. Sólo así se podrá decir que Cataluña es un país democrático.
Esta estadística muestra la realidad lingüística de Cataluña. En cambio, la realidad política es otra muy diferente. El Estatuto de Autonomía afirma que la lengua propia de Cataluña es el catalán (lo que viene a significar que el castellano es una lengua ajena). La Ley de Educación recientemente aprobada, impone el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, relegando el castellano, la lengua preferida de los habitantes de Cataluña, al nivel de una lengua extranjera. Y esta situación se advierte como normal por un amplio sector de la población, como muestran expresiones como la carta Bilingüisme i català, publicada en "La Vanguardia" del 19 de julio de 2009, cuyo autor parece querer presentar su visión como ecuánime y equilibrada.
La realidad política aludida está dominada por el engaño nacionalista, suscrito por convicción o interés electoral por la mayoría de las fuerzas políticas. Este engaño afirma que la lengua de Cataluña no puede ser otra que el catalán. La argumentación se basa en la idea de que Cataluña es una nación, construida en torno, precisamente, a la lengua catalana.
Evidentemente, puesto que la mayoría de la población de Cataluña no es catalanoparlante, como pone de manifiesto la encuesta citada, esta afirmación no se sostiene. Tampoco es válido el argumento de que en una época pasada Cataluña fue totalmente catalanoparlante, ya que ello implica pretender que los muertos prevalezcan sobre los vivos. Y, sobre todo, porque son los vivos los que eligen la época que les interesa: una vez, Cataluña habló latín y, antes que éso, lenguas prerromanas. Si los muertos han de prevalecer sobre los vivos, ¿no habríamos de acusar a los catalanes medievales de abandonar la lengua de sus mayores?
El nacionalismo es un proyecto: la construcción de la nación catalana, en torno a la lengua catalana. Al servicio de este proyecto se encuentran el precepto del Estatuto, la Ley de Educación y muchas otras acciones de gobierno. La mentira se encuentra en la afirmación de que este proyecto es el único posible, de que es una realidad ineludible.
Una Cataluña catalanoparlante es un proyecto de convivencia, lícito, pero no obligatorio. Puede y debe competir con otros que puedan plantearse, como una Cataluña castellanoparlante, una Cataluña bilingüe o una Cataluña araboparlante. Y serán los ciudadanos de Cataluña los que habrán de decidir, sin quedar vinculados por mitos históricos u otras patrañas. Sólo así se podrá decir que Cataluña es un país democrático.
viernes, 12 de junio de 2009
Economía española
Hoy, 12 de junio de 2009, los medios de comunicación recogen dos noticias muy diferentes. Por una parte, el nuevo hombre fuerte del Real Madrid, Florentino Pérez, está comprando nuevos jugadores para su equipo a precios desorbitados. Por otra, una cuarta parte de los escolares catalanes termina el ciclo básico sin tener los conocimientos mínimos para afrontar la ESO con ciertas garantías de aprovechamiento. A mi juicio, ambas noticias están conectadas y arrojan un balance desolador.
El precio pagado por Cristiano Ronaldo (y por Kaká) pone de manifiesto lo que se valora en nuestro país. Esas inversiones multimillonarias se dirigen al negocio del deporte - espectáculo y retribuyen unas condiciones naturales excepcionales. Y aun cabe añadir que las decide un magnate de las empresas de construcción.
Dicho de otra forma, no se dirigen a un negocio basado en el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. No retribuyen el esfuerzo prolongado, la formación primero y el trabajo después que producen sus frutos a largo plazo. Y quizá, en el fondo, busquen resucitar el palco del Bernabéu como centro de negocios basado en los contactos personales y las relaciones privilegiadas, con el suelo como materia prima y los favores como moneda de cambio.
El descuido de la formación es la consecuencia lógica de la economía que hemos elegido o, mejor, que han elegido los empresarios y los políticos españoles. Una economía basada en una élite formada por nacimiento, a la que se permite acceder a unos privilegiados que tienen condiciones excepcionales de algún tipo, que se reparten la riqueza, y una base social destinada a desempeñar funciones poco cualificadas a cambio de una retribución mínima. Una mayoría de trabajadores fungibles cuya esperanza de promoción social es prácticamente nula.
Algunos cuadros se necesitan, profesionales con cierto nivel de formación. Pero pocos en número y de un nivel muy limitado, dada la escasa complejidad de las tareas que se les piden y, en consecuencia, poco retribuidos. El sistema escolar los produce en número más que suficiente no sólo para proveer al mercado, sino para asegurar una competencia que baje los precios.
Hace un tiempo me contaba un amigo separado que su hija no estudia y que la familia materna le dice que si no le gusta estudiar, no importa, que podrá trabajar de dependienta o cajera de un supermercado, con lo que anulan los esfuerzos del padre por convencerla de que de su formación depende su futuro.
Este ejemplo, que creo representativo, dice mucho de la situación española: no creemos en la compensación del esfuerzo invertido en formación. Los familiares de la hija de mi amigo, creen que, estudie o no, sólo conseguirá un trabajo mal pagado o que la diferencia que obtendrá estudiando no compensará el esfuerzo, y eso si la consigue, si no se ve obligada igualmente a desempeñar un trabajo que nada tenga que ver con su formación. Y lo malo es que probablemente tengan razón.
Si no apostamos por una economía basada en el conocimiento y, coherentemente, retribuimos ese conocimiento, no estaremos fomentando la formación, el aprendizaje como forma de obtener el conocimiento. Si el padre, cualquiera que sea su nivel de formación, está condenado a ser un mileurista, no impulsará a su hijo a formarse y, si lo hace, el hijo sólo tendrá que decirle que se mire en el espejo para convencerle de que le deje en paz.
Y, si alguien tiene dudas acerca de la necesidad de cambiar nuestra economía y dirigirla hacia el conocimiento y las tecnologías, que observe la actual crisis: en España es especialmente grave por haber apostado por la construcción y el turismo, basados en recursos limitados y susceptibles de degradación y por los bajos salarios como ventaja competitiva fundamental, en la que hemos sido ampliamente superados por los países en desarrollo.
La actual crisis fue, en gran medida, prevista por los agoreros que hace diez años hablaban de la burbuja inmobiliaria. No les hicimos caso. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos, ahora a la necesidad de apostar por la formación (y retribuirla)? El resurgimiento de Florentino Pérez parece indicar que sí. Así nos va.
P.S.: ¿Por qué ha desaparecido de La Vanguardia.es toda referencia a la noticia sobre el fracaso escolar?
El precio pagado por Cristiano Ronaldo (y por Kaká) pone de manifiesto lo que se valora en nuestro país. Esas inversiones multimillonarias se dirigen al negocio del deporte - espectáculo y retribuyen unas condiciones naturales excepcionales. Y aun cabe añadir que las decide un magnate de las empresas de construcción.
Dicho de otra forma, no se dirigen a un negocio basado en el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías. No retribuyen el esfuerzo prolongado, la formación primero y el trabajo después que producen sus frutos a largo plazo. Y quizá, en el fondo, busquen resucitar el palco del Bernabéu como centro de negocios basado en los contactos personales y las relaciones privilegiadas, con el suelo como materia prima y los favores como moneda de cambio.
El descuido de la formación es la consecuencia lógica de la economía que hemos elegido o, mejor, que han elegido los empresarios y los políticos españoles. Una economía basada en una élite formada por nacimiento, a la que se permite acceder a unos privilegiados que tienen condiciones excepcionales de algún tipo, que se reparten la riqueza, y una base social destinada a desempeñar funciones poco cualificadas a cambio de una retribución mínima. Una mayoría de trabajadores fungibles cuya esperanza de promoción social es prácticamente nula.
Algunos cuadros se necesitan, profesionales con cierto nivel de formación. Pero pocos en número y de un nivel muy limitado, dada la escasa complejidad de las tareas que se les piden y, en consecuencia, poco retribuidos. El sistema escolar los produce en número más que suficiente no sólo para proveer al mercado, sino para asegurar una competencia que baje los precios.
Hace un tiempo me contaba un amigo separado que su hija no estudia y que la familia materna le dice que si no le gusta estudiar, no importa, que podrá trabajar de dependienta o cajera de un supermercado, con lo que anulan los esfuerzos del padre por convencerla de que de su formación depende su futuro.
Este ejemplo, que creo representativo, dice mucho de la situación española: no creemos en la compensación del esfuerzo invertido en formación. Los familiares de la hija de mi amigo, creen que, estudie o no, sólo conseguirá un trabajo mal pagado o que la diferencia que obtendrá estudiando no compensará el esfuerzo, y eso si la consigue, si no se ve obligada igualmente a desempeñar un trabajo que nada tenga que ver con su formación. Y lo malo es que probablemente tengan razón.
Si no apostamos por una economía basada en el conocimiento y, coherentemente, retribuimos ese conocimiento, no estaremos fomentando la formación, el aprendizaje como forma de obtener el conocimiento. Si el padre, cualquiera que sea su nivel de formación, está condenado a ser un mileurista, no impulsará a su hijo a formarse y, si lo hace, el hijo sólo tendrá que decirle que se mire en el espejo para convencerle de que le deje en paz.
Y, si alguien tiene dudas acerca de la necesidad de cambiar nuestra economía y dirigirla hacia el conocimiento y las tecnologías, que observe la actual crisis: en España es especialmente grave por haber apostado por la construcción y el turismo, basados en recursos limitados y susceptibles de degradación y por los bajos salarios como ventaja competitiva fundamental, en la que hemos sido ampliamente superados por los países en desarrollo.
La actual crisis fue, en gran medida, prevista por los agoreros que hace diez años hablaban de la burbuja inmobiliaria. No les hicimos caso. ¿Seguiremos haciendo oídos sordos, ahora a la necesidad de apostar por la formación (y retribuirla)? El resurgimiento de Florentino Pérez parece indicar que sí. Así nos va.
P.S.: ¿Por qué ha desaparecido de La Vanguardia.es toda referencia a la noticia sobre el fracaso escolar?
miércoles, 27 de mayo de 2009
Propaganda electoral
Magnífico el artículo del Pilar Rahola en "La Vanguardia" de hoy, 27 de mayo. Y, sobre todo, equitativo: habla por igual de tirios y de troyanos.
Pero quizá olvida una cosa: basta con ver los programas que triunfan en televisión para entender a qué público se dirigen las campañas electorales. Los que se deleitan con los programas en que unos analfabetos orgullosos de serlo se insultan en dura competencia para airear las debilidades de otros, frecuentemente tan analfabetos como ellos y deseosos de aparecer en los mismos programas, ¿a qué tipo de propaganda van a ser receptivos? ¿A serias argumentaciones basadas en datos contrastados? ¿A propuestas de regeneración? La propaganda electoral es el Tomate de la política, porque los votantes son los seguidores de Aquí hay tomate.
Además, ¿cómo van a prometer los políticos algo que es diametralmente opuesto a sus intereses? Es urgente cambiar el modelo económico basado en la propiedad del suelo, el control de la edificabilidad, las hipotecas y la construcción. Es decir, los negocios de los partidos, de los políticos y de quienes subvencionan a los políticos. ¿Podemos esperar que abandonen su modus vivendi?
Es importante valorar el conocimiento y el esfuerzo. El conocimiento porque ya no podemos competir recortando los salarios, por lo que hemos de aprovechar nuestra capacidad tecnológica y potenciar la innovación. El esfuerzo porque los pelotazos, basados en el suelo como único elemento material y en la confianza en la ilimitada alza de los precios de los edificios, han mostrado ser dañinos. Pero ni a los políticos, cuyo negocio se basa en estar cerca del poder, ni a los electores, cuya máxima aspiración es vivir sin trabajar (como sus ídolos de los programas basura) les apetece aceptar esos valores. Y, ¿cómo ganar unas elecciones -ló único que interesa a los políticos- propugnando medidas sensatas y necesarias, pero impopulares?
La única vía que veo practicable es prescindir de los políticos y tratar de convencer a los ciudadanos de la necesidad de un verdadero cambio, un cambio de valores. Convencer, sobre todo, a los emprendedores, de que el futuro exige ese cambio de orientación, hacia actividades basadas en la tecnología y el conocimiento y de que para desarrollar estas actividades es imprescindible pagar bien a quienes poseen ese conocimiento y están dispuestos a esforzarse en hacer bien su trabajo. Convencer a los trabajadores de que su interés está en buscar la excelencia, adquiriendo conocimientos y esforzándose, Convencer a los estudiantes, y a sus padres, de que su esfuerzo se verá recompensado. Y exigir a los políticos que no obstaculicen el progreso.
Pilar Rahola puede poner su pluma al servicio de este cambio de valores. Artículos como el de hoy muestran su valía. ¿Preferirá ejercer como una política sin partido, mostrando agudeza en la crítica pero sin aportar nada positivo? Es el camino fácil.
Pero quizá olvida una cosa: basta con ver los programas que triunfan en televisión para entender a qué público se dirigen las campañas electorales. Los que se deleitan con los programas en que unos analfabetos orgullosos de serlo se insultan en dura competencia para airear las debilidades de otros, frecuentemente tan analfabetos como ellos y deseosos de aparecer en los mismos programas, ¿a qué tipo de propaganda van a ser receptivos? ¿A serias argumentaciones basadas en datos contrastados? ¿A propuestas de regeneración? La propaganda electoral es el Tomate de la política, porque los votantes son los seguidores de Aquí hay tomate.
Además, ¿cómo van a prometer los políticos algo que es diametralmente opuesto a sus intereses? Es urgente cambiar el modelo económico basado en la propiedad del suelo, el control de la edificabilidad, las hipotecas y la construcción. Es decir, los negocios de los partidos, de los políticos y de quienes subvencionan a los políticos. ¿Podemos esperar que abandonen su modus vivendi?
Es importante valorar el conocimiento y el esfuerzo. El conocimiento porque ya no podemos competir recortando los salarios, por lo que hemos de aprovechar nuestra capacidad tecnológica y potenciar la innovación. El esfuerzo porque los pelotazos, basados en el suelo como único elemento material y en la confianza en la ilimitada alza de los precios de los edificios, han mostrado ser dañinos. Pero ni a los políticos, cuyo negocio se basa en estar cerca del poder, ni a los electores, cuya máxima aspiración es vivir sin trabajar (como sus ídolos de los programas basura) les apetece aceptar esos valores. Y, ¿cómo ganar unas elecciones -ló único que interesa a los políticos- propugnando medidas sensatas y necesarias, pero impopulares?
La única vía que veo practicable es prescindir de los políticos y tratar de convencer a los ciudadanos de la necesidad de un verdadero cambio, un cambio de valores. Convencer, sobre todo, a los emprendedores, de que el futuro exige ese cambio de orientación, hacia actividades basadas en la tecnología y el conocimiento y de que para desarrollar estas actividades es imprescindible pagar bien a quienes poseen ese conocimiento y están dispuestos a esforzarse en hacer bien su trabajo. Convencer a los trabajadores de que su interés está en buscar la excelencia, adquiriendo conocimientos y esforzándose, Convencer a los estudiantes, y a sus padres, de que su esfuerzo se verá recompensado. Y exigir a los políticos que no obstaculicen el progreso.
Pilar Rahola puede poner su pluma al servicio de este cambio de valores. Artículos como el de hoy muestran su valía. ¿Preferirá ejercer como una política sin partido, mostrando agudeza en la crítica pero sin aportar nada positivo? Es el camino fácil.
domingo, 24 de mayo de 2009
Expolio
El candidato de ERC a las elecciones europeas pide un tope al "expolio fiscal" de los Estados. Este tope lo debería fijar la Unión Europea.
Junqueras pone como ejemplo la diferencia entre la aportación del "land" más rico de Alemania y las aportaciones de Valencia, Cataluña o Baleares. Si sus datos son correctos, éstas superan el doble de aquéllas.
Por supuesto, el candidato olvida que la estructura del sistema fiscal alemán es diferente de la que tiene en nuestro país. En Alemania, cada "land" recauda sus impuestos, de forma que no hay un fondo común sino con las aportaciones de los "lander". Es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes (como el nuestro, que duda cabe). Así, el IVA ingresado por una empresa es soportado por los compradores de bienes y servicios que la misma produce, en su Estado, "land" o Comunidad Autónoma o fuera de él. Si las empresas catalanas venden fuera de Cataluña, se computan en la aportación de Cataluña impuestos soportados por ciudadanos de otras Comunidades (sucedería si la Generalitat recaudase el IVA e interfiere en el cálculo de las balanzas fiscales).
El sistema fiscal alemán es una consecuencia lógica de la estructura federal de Alemania. Pero nuestro país no es un Estado federal, aunque en ciertos aspectos se asemeje a uno. Por ello, el Sr. Junqueras no propone establecer topes a las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Presupuesto común, sino sólo a las de Cataluña, Valencia y Baleares; en una palabra, a las comunidades que constituyen lo que los nacionalistas denominan la nación catalana. Por eso no menciona a Madrid, que también es aportante neta.
Así, los nacionalistas consideran justificado establecer esos topes por una ley anterior y superior a la Constitución. Por la misma razón, el desequilibrio resultante del sistema actual es tachado de expolio. Si consultamos el diccionario, "expolio" significa robo, ni más ni menos. No importa que el sistema fiscal se haya aprobado por las Cortes, con participación (y en muchos casos voto favorable) de los representantes de los ciudadanos de las Comunidades "expoliadas". Se trata de un robo contrario a la Ley natural que ordena que los impuestos recaudados en Cataluña se queden en Cataluña, porque es una nación.
Claro, podríamos adoptar otros criterios: ¿por qué no plantear la importancia de las comarcas, y preguntar si el Alt Empordà o el Montsià resultan beneficiados o perjudicados ante el Barcelonés o el Baix Llobregat? ¿por qué no podrían quejarse los ricos de que los impuestos que pagan benefician básicamente a los pobres? ¿o distinguiremos entre la Cataluña marítima y la interior?
Pero, sobre todo, las aportaciones deben venir determinadas por las desigualdades existentes: si un Estado, "land" o Comunidad Autónoma presenta un estado de subdesarrollo frente a otros desarrollados, o si ha sufrido una catástrofe natural, puede justificarse una aportación que, en otras circunstancias resultaría excesiva. La solidaridad, virtud tradicionalmente apreciada por la izquierda (se ve que no por la "esquerra") lo exigíría.
Quizá no sea mala idea diseñar un sistema fiscal que incluya topes a las aportaciones o introduzca el principio de ordinalidad. Que prevea, si se estima oportuno, excepciones (las catástrofes antes aludidas o proyectos excepcionales, como fueron, en su día, los Juegos Olímpicos de Barcelona y pueden ser, en el futuro, los de Madrid). Lo que no se puede hacer es llamar ladrones a los demás y quejarse luego de que nos maltratan. Si quieren la independencia, que argumenten en su favor, en lugar de crear enemigos de Cataluña.
Junqueras pone como ejemplo la diferencia entre la aportación del "land" más rico de Alemania y las aportaciones de Valencia, Cataluña o Baleares. Si sus datos son correctos, éstas superan el doble de aquéllas.
Por supuesto, el candidato olvida que la estructura del sistema fiscal alemán es diferente de la que tiene en nuestro país. En Alemania, cada "land" recauda sus impuestos, de forma que no hay un fondo común sino con las aportaciones de los "lander". Es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes (como el nuestro, que duda cabe). Así, el IVA ingresado por una empresa es soportado por los compradores de bienes y servicios que la misma produce, en su Estado, "land" o Comunidad Autónoma o fuera de él. Si las empresas catalanas venden fuera de Cataluña, se computan en la aportación de Cataluña impuestos soportados por ciudadanos de otras Comunidades (sucedería si la Generalitat recaudase el IVA e interfiere en el cálculo de las balanzas fiscales).
El sistema fiscal alemán es una consecuencia lógica de la estructura federal de Alemania. Pero nuestro país no es un Estado federal, aunque en ciertos aspectos se asemeje a uno. Por ello, el Sr. Junqueras no propone establecer topes a las aportaciones de las Comunidades Autónomas al Presupuesto común, sino sólo a las de Cataluña, Valencia y Baleares; en una palabra, a las comunidades que constituyen lo que los nacionalistas denominan la nación catalana. Por eso no menciona a Madrid, que también es aportante neta.
Así, los nacionalistas consideran justificado establecer esos topes por una ley anterior y superior a la Constitución. Por la misma razón, el desequilibrio resultante del sistema actual es tachado de expolio. Si consultamos el diccionario, "expolio" significa robo, ni más ni menos. No importa que el sistema fiscal se haya aprobado por las Cortes, con participación (y en muchos casos voto favorable) de los representantes de los ciudadanos de las Comunidades "expoliadas". Se trata de un robo contrario a la Ley natural que ordena que los impuestos recaudados en Cataluña se queden en Cataluña, porque es una nación.
Claro, podríamos adoptar otros criterios: ¿por qué no plantear la importancia de las comarcas, y preguntar si el Alt Empordà o el Montsià resultan beneficiados o perjudicados ante el Barcelonés o el Baix Llobregat? ¿por qué no podrían quejarse los ricos de que los impuestos que pagan benefician básicamente a los pobres? ¿o distinguiremos entre la Cataluña marítima y la interior?
Pero, sobre todo, las aportaciones deben venir determinadas por las desigualdades existentes: si un Estado, "land" o Comunidad Autónoma presenta un estado de subdesarrollo frente a otros desarrollados, o si ha sufrido una catástrofe natural, puede justificarse una aportación que, en otras circunstancias resultaría excesiva. La solidaridad, virtud tradicionalmente apreciada por la izquierda (se ve que no por la "esquerra") lo exigíría.
Quizá no sea mala idea diseñar un sistema fiscal que incluya topes a las aportaciones o introduzca el principio de ordinalidad. Que prevea, si se estima oportuno, excepciones (las catástrofes antes aludidas o proyectos excepcionales, como fueron, en su día, los Juegos Olímpicos de Barcelona y pueden ser, en el futuro, los de Madrid). Lo que no se puede hacer es llamar ladrones a los demás y quejarse luego de que nos maltratan. Si quieren la independencia, que argumenten en su favor, en lugar de crear enemigos de Cataluña.
domingo, 3 de mayo de 2009
Sucesiones
Hay razones a favor y en contra de la supresión del Impuesto sobre Sucesiones, que tantas cartas a La Vanguardia ha generado (http://www.lavanguardia.es/lv24h2007/20090503/53695583223.html) No tomaré partido ahora. Sólo quiero repetir dos consideraciones:
Hablar de discriminación respecto de otras Comunidades Autónomas significa no haber entendido qué es la autonomía. En sentido etimológico, "autonomía" es "darse leyes propias" y éso es exactamente lo que significa que en Cataluña se mantenga el impuesto aunque en otras Comunidades se haya eliminado: nuestras leyes no tienen porqué ser las mismas que en las Comunidades vecinas, incluso cuando ello significa que nos quedemos solos en España o en Europa. ¿O acaso alguien aceptaría que en Cataluña debiera regir el régimen económico matrimonial de gananciales porque es el vigente en gran parte de España (y también hay razones para defenderlo)?
Muchas cosas se pueden decir al hilo de la discusión acerca del Impuesto sobre Sucesiones. La más evidente, que la financiación de la Generalitat es insuficiente. También cabe señalar que otras Comunidades no tienen dos cadenas públicas de televisión, para las que es preciso traducir expresamente casi todos los contenidos, o una costosa política lingüística. Pero éso es exactamente la autonomía: autonomía para gastar, pero también para recaudar los fondos que han de ser gastados.
Lo que nos lleva a la segunda consideración que mencionaba al principio. Los fondos públicos pueden proceder de tres fuentes: ingresos patrimoniales (de escasa cuantía en nuestro ámbito) o por la prestación de servicios públicos, impuestos y Deuda pública. Si se elimina un impuesto y se quiere mantener el mismo nivel de gasto, es preciso incrementar la recaudación de otros impuestos (subiendo los tipos) o crear impuestos nuevos. O bien, es posible emitir Deuda.
La Deuda pública es un préstamo que las entidades bancarias o, en último término, los ciudadanos, del mismo país o de otro (segùn la emisión) conceden a un ente público. Como todo préstamo, implica la obligación de pagar unos intereses durante un determinado número de años y, transcurridos éstos, devolver el principal. ¿Quién ha de pagar esos intereses (que no se pagarían si, en vez de Deuda se exigiesen impuestos) y devolver el principal (cosa innecesaria cuando se trata de impuestos)? Evidentemente los contribuyentes, los obligados a pagar impuestos durante los años en que corresponda el pago de intereses y la devolución del capital.
Por tanto, los que se oponen al Impuesto sobre Sucesiones han de saber que esta supresión puede suponer mayores impuestos o menores gastos en el futuro. Si aún así consideran que el impuesto debe ser eliminado, adelante. Éso es democracia. Pero cualquier decisión política debe ser adoptada sopesando los pros y los contras, los costes y los beneficios. Éso es sentido común.
Hablar de discriminación respecto de otras Comunidades Autónomas significa no haber entendido qué es la autonomía. En sentido etimológico, "autonomía" es "darse leyes propias" y éso es exactamente lo que significa que en Cataluña se mantenga el impuesto aunque en otras Comunidades se haya eliminado: nuestras leyes no tienen porqué ser las mismas que en las Comunidades vecinas, incluso cuando ello significa que nos quedemos solos en España o en Europa. ¿O acaso alguien aceptaría que en Cataluña debiera regir el régimen económico matrimonial de gananciales porque es el vigente en gran parte de España (y también hay razones para defenderlo)?
Muchas cosas se pueden decir al hilo de la discusión acerca del Impuesto sobre Sucesiones. La más evidente, que la financiación de la Generalitat es insuficiente. También cabe señalar que otras Comunidades no tienen dos cadenas públicas de televisión, para las que es preciso traducir expresamente casi todos los contenidos, o una costosa política lingüística. Pero éso es exactamente la autonomía: autonomía para gastar, pero también para recaudar los fondos que han de ser gastados.
Lo que nos lleva a la segunda consideración que mencionaba al principio. Los fondos públicos pueden proceder de tres fuentes: ingresos patrimoniales (de escasa cuantía en nuestro ámbito) o por la prestación de servicios públicos, impuestos y Deuda pública. Si se elimina un impuesto y se quiere mantener el mismo nivel de gasto, es preciso incrementar la recaudación de otros impuestos (subiendo los tipos) o crear impuestos nuevos. O bien, es posible emitir Deuda.
La Deuda pública es un préstamo que las entidades bancarias o, en último término, los ciudadanos, del mismo país o de otro (segùn la emisión) conceden a un ente público. Como todo préstamo, implica la obligación de pagar unos intereses durante un determinado número de años y, transcurridos éstos, devolver el principal. ¿Quién ha de pagar esos intereses (que no se pagarían si, en vez de Deuda se exigiesen impuestos) y devolver el principal (cosa innecesaria cuando se trata de impuestos)? Evidentemente los contribuyentes, los obligados a pagar impuestos durante los años en que corresponda el pago de intereses y la devolución del capital.
Por tanto, los que se oponen al Impuesto sobre Sucesiones han de saber que esta supresión puede suponer mayores impuestos o menores gastos en el futuro. Si aún así consideran que el impuesto debe ser eliminado, adelante. Éso es democracia. Pero cualquier decisión política debe ser adoptada sopesando los pros y los contras, los costes y los beneficios. Éso es sentido común.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)